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  • General

    • La imagen social de las personas con un diagnóstico de trastorno mental, configurada por las falsas creencias y estereotipos, hace que la sociedad sienta y actúe de forma discriminatoria hacia las personas con problemas de salud mental, lo que supone una situación de exclusión en muchas esferas de sus vidas, impidiendo que participen de forma efectiva en la sociedad, sin discriminación, en igualdad de condiciones que todas las demás.

      La sociedad percibe esta situación de exclusión como derivada de su diagnóstico, y no de las barreras sociales que existen para su participación real y efectiva en la sociedad, y esta situación de exclusión, supone una vulneración de derechos en muchas esferas de sus vidas, incluida la que se relaciona con la atención que perciben en los servicios públicos de salud y apoyo social.

      Trabajar para mejorar la calidad de la atención a estas personas, significa en tomar conciencia de la importancia de proteger sus derechos humanos. Algunas prácticas profesionales, pueden suponer una violación de los derechos de las personas diagnosticadas con trastorno mental, que se realizan sin la intención de hacer daño, y desconociendo que se están vulnerando derechos de ciudadanía.

      La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, vinculante para los estados firmantes, como España https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf representa la más alta aspiración en el logro de los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas las personas con trastorno mental, y supone el logro de muchas de las reivindicaciones históricas de las personas con discapacidad. La Convención está formulada desde modelo social de la discapacidad, en el que el logro de los derechos no está limitado por la discapacidad, si no por las barreras sociales que impiden que las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que todas las demás.

      Legisladores, gestores, profesionales, personas usuarias y familias, a menudo, dan por válidas decisiones y prácticas que a veces implican una vulneración de derechos, por lo que es necesario sensibilizar a todas las partes implicadas sobre qué papel juegan en la protección de los derechos humanos de las personas diagnosticas con un trastorno mental.

      Los derechos humanos deberían jugar un papel más protagonista en el diseño, la evaluación y la provisión de los servicios de salud mental. No es posible eliminar el estigma sin cambiar la forma en la que se prestan algunos servicios.

      Hay que promover la reflexión, formación y debate permanente sobre “práctica ética” en la atención y favorecer la conciencia de responsabilidad entre los profesionales. También es importante difundir entre las personas diagnosticadas, y sus familiares, los derechos que legalmente les asisten y a qué instancias recurrir en caso de que se vulneren esos derechos.

      Hay que generar cultura de práctica ética profesional, cuya base es el respeto hacia los derechos humanos de este colectivo. A veces el descuido y el abuso acontecen de forma impune, ocurren sin la intención de hacer daño y pasan desapercibidos por lo que no se hace nada por evitarlo. Hay que tomar conciencia de que el mayor riesgo de abuso reside en la propia relación asimétrica que se estable entre una persona que necesita atención y cuidados y otra persona que tiene la posibilidad de satisfacer sus necesidades.


    • Última modificación: martes, 8 de marzo de 2016, 11:30